Messi es culpable. ¿Rajoy no?

Estar en las redes sociales y opinar supone exponerse a la crítica, que no la rehuyo, a la vez que yo soy crítico con las opiniones de los demás que me importan.

Una de las críticas extendidas tiene que ver con los presuntos y verdaderos fraudes al fisco, mostrando una atroz virulencia en las personas, llegando hasta el insulto personal o tomando por tontos a los que aplauden el delito fiscal.

Sin embargo mi punto de vista, dista de este generalizado que acabo de citar; mi crítica se dirige hacia el origen del mal y luego hacia el que comete fraude.

¿Qué tal si de repente el estado decide vender todas las empresas públicas que pierden dinero dia a dia? Fácil: dejaría de pagar las pérdidas y conseguiría ingresos por la venta. El Estado tiene inventariadas más de 8.000 empresas que gestiona entre mercantiles, participadas, fundaciones, consorcios, organismos autónomos,etc, casi todas de difícil fiscalización.

Muchas de las empresas del entramado son un obstáculo para el desarrollo, creando barreras administrativas y multiplicando la burocracia, afectando a la economía productiva. A 31-12-2012 trabajaban más de 330.000 personas. El grueso de esos 330.000 trabajadores lo componen empleados de los distintos grupos empresariales dependientes del Estado, como Aena, Renfe, Adif, Correos o las distintas sociedades participadas por la SEPI. En conjunto, esos grupos empresariales contaban, a finales de 2010, con unos activos próximos a los 170.000 millones de euros.

Sabemos, por ejemplo, que el capital social total de las más de 1.600 empresas controladas por los ayuntamientos supera los 4.200 millones de euros, y que el de las más de 600 empresas controladas por las autonomías supera los 9.600 millones de euros. Pero lo que no conocemos es el número total de empleados de los entes autonómicos y locales. Se cree que el gasto de personal de las empresas dependientes de la autonomías fué de más de 37.000 millones de euros. No he encontrado datos para aproximar los cálculos referidos al total de contratos de las empresas públicas,  pero sin temor a equivocarme puede aventurar entre 70 y 80.000 millones de euros.

Sumando activos empresariales y gastos de personal el Estado puede ingresar hasta 250.000 millones de euros, según los activos que venda y el tiempo de su realización.

Consecuentemente, la imposición fiscal a todos los españoles sería bastante menor y el fraude con toda seguridad sería mucho menor, así como aumentaría el ingreso fiscal porque tendríamos más dinero para gastar, ahorrar e invertir.

Por todo lo que acabo de exponer, mi punto de vista objetivo es el de sancionar al político porque la capacidad impositiva del ciudadano tiene límites. El defraudador ya tiene su castigo en las leyes.